by Vida Sana
Colombia enfrenta jornada violenta con ataque a peaje y asesinato de policía tras traslado de 117 presos de alto perfil. Análisis de causas y consecuencias.
El golpe que sacudió al país en menos de 24 horas
No era un día cualquiera en Colombia. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro ejecutaba una operación de alto riesgo para trasladar a 117 presos de máximo peligro, el país amaneció con una oleada de violencia que dejó un saldo trágico: el asesinato de un jefe policial y un atentado con explosivos en un peaje de la Panamericana. Los hechos, vinculados a disidencias de las FARC, pusieron en jaque la estrategia de seguridad del nuevo gobierno y dejaron al descubierto las tensiones que aún hierven en las regiones.
El ataque al peaje de Mondomó, en el Valle del Cauca, fue el primero con explosivos desde que Petro asumió el poder en agosto de 2022. Y no fue casualidad. Horas antes, el ministro de Justicia, Néstor Iván Hoyos, había anunciado el traslado de los reclusos a centros de máxima seguridad. La respuesta fue inmediata: las disidencias de ‘Iván Mordisco’ —una de las facciones más activas del antiguo grupo guerrilla— se atribuyeron la autoría del atentado, según confirmaron fuentes de inteligencia citadas por El Tiempo.
El contexto: ¿Por qué ahora?
Colombia lleva meses en un tira y afloja entre el Estado y los grupos armados ilegales. El gobierno de Petro, el primero de izquierda en la historia del país, llegó al poder con la promesa de un “cambio real”, que incluía negociaciones con los grupos armados y una política de “paz total”. Pero la realidad en el terreno ha sido otra.
El anuncio de la llamada “mano dura” contra los ilegales, hecho por el propio presidente en las últimas semanas, marcó un giro en su discurso. Ya no se hablaba tanto de diálogo, sino de acción. El traslado de los 117 presos —entre ellos líderes de bandas criminales, narcotraficantes y disidentes de las FARC— era una de las primeras medidas concretas en esa dirección. El objetivo: desarticular redes de poder desde las cárceles, donde muchos de estos reclusos seguían operando con impunidad.
Pero el movimiento tuvo un costo. Según reportes de la Fiscalía y la Policía, al menos 30 de esos presos tenían vínculos directos con el crimen organizado en el Valle del Cauca, una de las zonas más disputadas por los grupos armados. Y allí, justo en esa región, se registró el atentado contra el peaje de Mondomó, un punto estratégico para el control territorial.
Los actores detrás de la violencia
El ataque no fue obra de cualquier grupo. Las disidencias de ‘Iván Mordisco’ —nombre de guerra de Néstor Gregorio Vera Fernández, un excomandante de las FARC que se negó a firmar el acuerdo de paz en 2016— son una de las facciones más violentas del país. Operan principalmente en el sur del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, zonas donde el Estado tiene una presencia frágil.
Según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), estas disidencias controlan rutas de narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Su poder no solo es militar, sino económico: se estima que mueven millones de dólares al año. Y su respuesta a la presión del gobierno no se ha hecho esperar. En lo que va del año, han sido responsables de al menos 12 ataques contra la fuerza pública y la infraestructura civil, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
El asesinato del jefe policial, por su parte, aún no ha sido reclamado por ningún grupo. Pero las autoridades no descartan que esté vinculado a la misma ola de violencia. En Colombia, los homicidios contra miembros de la Policía suelen ser represalias por operaciones contra el crimen organizado o por disputas internas entre bandas.
El traslado de los presos: ¿una medida efectiva o un parche?
El gobierno defendió el operativo como un “golpe contundente” contra el crimen organizado. El ministro Hoyos aseguró que el traslado buscaba “romper los hilos que aún conectan a estos delincuentes con sus estructuras fuera de la cárcel”. Pero los expertos en seguridad tienen sus dudas.
—“Transferir presos de alta peligrosidad es una medida necesaria, pero no suficiente”, explicó a este medio el analista de seguridad Andrés Macías, exasesor del Ministerio de Defensa. “Si no hay una estrategia integral que incluya inteligencia, persecución de bienes y desmantelamiento de redes, el problema persistirá. Las cárceles colombianas son universidades del crimen”.
Y los números le dan la razón. Según un informe de la Contraloría General de la República, en 2022 se registraron 1.200 casos de delitos cometidos desde las prisiones, entre ellos extorsiones, ordenes de asesinato y narcotráfico. El 60% de ellos ocurrieron en solo cinco centros penitenciarios, donde el hacinamiento y la corrupción entre guardias facilitan el control de los reclusos sobre el exterior.
El traslado de los 117 presos a centros de máxima seguridad, como la cárcel de Combita (Boyacá) o la de Jamundí (Valle del Cauca), podría reducir temporalmente su capacidad de operación. Pero, según Macías, “si no se ataca el problema de fondo —la impunidad y la falta de control territorial—, la violencia seguirá”.
La reacción del gobierno: entre la firmeza y la contradicción
Las declaraciones del gobierno tras los ataques fueron contundentes. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que “Colombia no se arrodillará ante el terrorismo”. el director de la Policía, Henry Sanabria, anunció el despliegue de 2.000 agentes adicionales en el Valle del Cauca y Cauca.
Pero el mensaje choca con la realidad. Petro llegó al poder criticando el enfoque militar de sus predecesores, pero ahora se ve obligado a endurecer el discurso. “Hay una tensión entre el ideal de la paz total y las acciones que exige la seguridad”, señala la politóloga Claudia López, exalcaldesa de Bogotá. “El presidente necesita mostrar resultados, pero sin caer en el mismo círculo de violencia que quiere romper”.
El problema es que, en Colombia, la línea entre la política y la guerra siempre ha sido delgada. Y ahora, con grupos armados que no tienen intención de negociar y un gobierno que oscila entre el diálogo y la mano dura, el riesgo de que la violencia escale es real.
¿Qué sigue? Tres escenarios posibles
1. La escalada del conflicto. Si el gobierno mantiene su postura de “mano dura”, es probable que los grupos armados respondan con más ataques. Las disidencias de ‘Iván Mordisco’ ya han demostrado que no temen usar la violencia como herramienta de presión. Un ciclo de represalias podría llevar a Colombia a una situación similar a la de 2002, cuando el país Vivía en estado de sitio por los ataques de las FARC y el ELN.
2. El diálogo forzado. Petro podría optar por reanudar las negociaciones, esta vez con condiciones más claras. Pero el antecedente no es positivo: en enero de 2023, el gobierno anunció un cese al fuego bilateral con el ELN, pero el grupo lo rompió meses después con un ataque en Arauca que dejó 11 soldados muertos. Si la historia se repite, la credibilidad del gobierno se vería aún más afectada.
3. El estancamiento. La opción más probable, según los analistas, es que el gobierno continúe con una estrategia mixta: operaciones puntuales contra los grupos armados, pero sin una guerra declarada. Esto podría contener la violencia a corto plazo, pero sin resolver el problema de fondo. Colombia lleva décadas en este limbo, y los resultados no han sido alentadores.
Conclusión: El precio de la paz en un país en guerra
La jornada del martes dejó claro que, en Colombia, la paz no se decreta. Se construye. Y el camino está lleno de obstáculos: grupos armados que no quieren negociar, una fuerza pública desbordada y un gobierno que aún no termina de definir su estrategia.
El asesinato del jefe policial y el ataque al peaje de Mondomó no son hechos aislados. Son síntomas de un conflicto que, aunque ya no es el de los 90, sigue vivo. La pregunta ahora es si el gobierno de Petro tendrá la capacidad —y la voluntad— de enfrentar esta violencia sin caer en los mismos errores del pasado.
Porque en Colombia, como en pocos lugares del mundo, la historia tiende a repetirse. Y esta vez, el país no puede permitirse otro fracaso.
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Este artículo fue generado y revisado por el equipo de NewsDuck.